La situación de la constructora ICA y su adeudo de aproximadamente 90 millones de pesos con tres empresas subcontratadas para el Tramo 4 del Tren Maya ilustra un problema significativo en el ámbito de las contrataciones y la gestión de pagos dentro de grandes proyectos de infraestructura en México. Las empresas afectadas, que emplean a cerca de 250 personas, están enfrentando serios problemas de liquidez debido a los impagos, lo que ha derivado en retrasos en nómina, dificultades para cumplir con obligaciones laborales, recortes de personal y tensión con acreedores.
El caso resalta la reiterada alusión hacia ICA como una empresa "consentida" en diversas administraciones gubernamentales, debido a su larga trayectoria y concesiones previas, más específicamente en el contexto de la carretera Kantunil-Cancún. A pesar de la creación de empleos durante la obra, la realidad es que los colaboradores de las empresas subcontratadas se encuentran en una situación precaria a causa del adeudo.
Los representantes de las tres empresas afectadas han mencionado sus intentos fallidos de comunicarse con ICA y sus filiales para resolver la situación, lo cual agrava su problemática financiera y laboral. Este tipo de situaciones no solo impacta a las empresas involucradas, sino que también afecta el ecosistema laboral y la confianza en la industria de la construcción en México.