Los defensores ambientales de Unión Hidalgo han denunciado que la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Marina (Semar) han incumplido un mandato judicial federal por segunda vez, el cual prohíbe la extracción de material pétreo en el área conocida como El Barrancón. A pesar de una suspensión judicial que protege esa zona desde marzo de 2024, continúan con actividades de extracción sin la debida autorización ambiental, lo que ha llevado al Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (Código-DH), a presentar un incidente de incumplimiento.
El amparo 54/2024 protege Loma Lope, donde GFS ha estado extrayendo material para un proyecto ferroviario interoceánico. La comunidad ha señalado que la Semar intentó operar un banco pétreo sin la aprobación de la asamblea de bienes comunales, y advirtieron que esta obra carece de permisos desde 2018. Durante la búsqueda de información sobre este proyecto, la comunidad descubrió que más de 9,000 árboles nativos han sido talados, incluyendo especies protegidas, lo que representa un ecocidio en su territorio.
Se subraya que estas acciones por parte de GFS, CIIT y Semar parecen ignorar las leyes ambientales y judiciales vigentes, en un contexto donde se priorizan los proyectos del gobierno federal.