El contexto que describes implica un cambio significativo en la legislación sobre el aborto en Aguascalientes, México, bajo la administración de la gobernadora Teresa Jiménez y el dominio del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local. A continuación, se resumen los puntos clave de la situación:
1. **Contexto Legal Previo**: En agosto de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una resolución que obligaba al Congreso de Aguascalientes a aprobar la despenalización del aborto, decisión que generó un fuerte debate social y político en el estado.
2. **Respuesta del Gobierno Local**: En respuesta a la presión de grupos conservadores y de ultraderecha, que son base electoral del PAN, la gobernadora Teresa Jiménez se opuso a la despenalización y comenzó a gestar un plan de reformas que se concretaría en una nueva ley y modificaciones al Código Penal.
3. **Reformas Propuestas**: Las reformas aprobadas en la sesión del Congreso incluyen una drástica reducción del período de gestación permitido para acceder a un aborto seguro, que pasa de 12 a 6 semanas. Además, estas reformas penalizan el aborto involuntario y aumentan las sanciones para el personal médico involucrado.
4. **Sanciones Establecidas**: Bajo las nuevas disposiciones, una mujer que interrumpa su embarazo antes de las seis semanas enfrentaría penas de cárcel de entre 3 y 6 meses y multas que van de 500 a 1000 días. Para los profesionales de salud que realicen abortos, las penas irían de 6 meses a un año de prisión y multas de 1,500 a 2,000 días.
5. **Proceso Legislativo Rápido**: La propuesta de reforma llegó al Congreso el 23 de agosto de 2023 y fue canalizada rápidamente a la Comisión de Justicia, lo que indica un proceso legislativo acelerado en respuesta a la agenda política promovida por el gobierno estatal.
Este desarrollo refleja una tendencia de reforzar las restricciones al aborto en ciertas regiones de México, en contraposición a los movimientos hacia la despenalización que han ganado terreno en otros estados. La situación es un ejemplo de la tensión entre derechos reproductivos y la influencia de posiciones sociales conservadoras en la legislación del país.