La situación en el Centro Federal de Reinserción Social 16 (Cefereso 16) en Morelos ha generado un fuerte debate acerca de la responsabilidad del Estado en la atención y el bienestar de las internas. La muerte de 19 mujeres, presuntamente por suicidio, ha llevado al gobierno federal a criticar tanto al Poder Judicial como a la Defensoría Pública, señalando el "abandonado" estado en el que se encuentran las reclusas. En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se expusieron las dificultades enfrentadas por las mujeres encarceladas, como la falta de comunicación con sus familias y una percepción de desamparo legal.
Evangelina Hernández Duarte, de la Secretaría de Gobernación, argumentó que las causas de estas tragedias son atribuibles a las propias internas y a un abandono familiar, subrayando la necesidad de un enfoque de género en la administración de justicia. Sin embargo, representantes de organizaciones civiles han discrepado con esta visión, subrayando que las reclusas fueron trasladadas a ese centro penitenciario por decisiones del Estado y que las visitas familiares son onerosas y complejas. Ellos exigen no solamente acciones específicas, sino cambios estructurales en el sistema penitenciario y judicial que garanticen el vínculo familiar y el derecho a la justicia.
La controversia se profundiza con las críticas a la Defensoría Pública y la falta de seguimiento en los casos de las reclusas, así como la petición de investigar las muertes con la perspectiva de ejecuciones extrajudiciales. La respuesta del sistema de justicia ha sido reconocida como problemática, destacando que muchas de las internas tienen resoluciones favorables que aún no han sido implementadas. Este contexto resalta la necesidad urgente de una revisión integral del sistema penitenciario y judicial en México, especialmente en lo que respecta a las mujeres.