La situación que describes refleja una grave preocupación en torno al manejo del caso del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que resultó en la muerte de 40 migrantes y múltiples heridos. La denuncia de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos señala la aparente intención del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, de evadir su responsabilidad penal mediante la solicitud de una "solución alterna".
Este tipo de medida busca, según la descripción, extinguir la acción penal en su contra y evitar una investigación más profunda sobre su papel en la tragedia. Las organizaciones recalcan que Garduño está siendo procesado solo por el ejercicio ilícito del servicio público, lo cual consideran una clasificación de delito mucho menos severa comparada con las acusaciones que enfrentan otros implicados.
Además, se critica que, mientras Garduño sigue en funciones y en libertad, otros de menor rango enfrentan serias acusaciones, lo que plantea interrogantes sobre la justicia y la rendición de cuentas en este caso. El contexto de impunidad y falta de medidas adecuadas para reparar el daño a las familias afectadas por el incendio es alarmante, especialmente considerando que Garduño incluso ha intentado desviar la responsabilidad a cuestiones materiales en lugar de enfocarse en el bienestar de las víctimas.
Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes hacen un llamado a la Justicia para que el juez niegue la solicitud de soluciones alternas y continúe con una investigación exhaustiva. La próxima audiencia será una prueba crucial para determinar no solo la responsabilidad de Garduño, sino también el compromiso del sistema judicial en la protección de los derechos de los migrantes y en la búsqueda de justicia tras esta tragedia.