Gabriel Castañeda Gómez Mont.

En la arena política y legal de México, la independencia del Poder Judicial ha sido un tema recurrente, especialmente con la propuesta de reforma que pretende modificar el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros mediante la elección popular. La discusión sobre la efectividad y los riesgos de este modelo ha revelado una serie de preocupaciones importantes sobre la posible politización de la justicia, la pérdida de autonomía y los efectos económicos que podría desencadenar.

¿Es eficiente evaluar y seleccionar a los aspirantes por medio de tómbola?

La propuesta de incluir una tómbola para evaluar y seleccionar a los aspirantes al Poder Judicial ha levantado cejas en la comunidad jurídica. Este método aleatorio pretende ser una respuesta para evitar influencias políticas en la designación de jueces. Sin embargo, ¿es realmente una solución efectiva? Dejar al azar la posibilidad de seleccionar a quienes impartirán justicia en casos de gran complejidad y repercusión social plantea riesgos considerables. Los abogados y especialistas con mayores credenciales y experiencia en temas legales pueden ser descartados por mera suerte, lo que socava el mérito y profesionalismo en la administración de justicia.

El sistema judicial, por su naturaleza, debe estar compuesto por individuos con un alto grado de especialización y conocimientos. Los procesos actuales, aunque no exentos de críticas, buscan garantizar que quienes ocupen los puestos más altos sean aquellos que han demostrado competencia y capacidad a lo largo de su carrera. La tómbola diluiría este principio, introduciendo una capa de incertidumbre que podría afectar la calidad de la impartición de justicia en el país.

La complejidad del proceso electoral:

Otra cuestión preocupante es la logística y viabilidad del proceso electoral para seleccionar jueces mediante el voto popular. Si bien el proyecto sugiere que los nombres de todos los candidatos aparezcan en una sola planilla, resulta complicado imaginar cómo podría organizarse de manera efectiva. El número de aspirantes potencialmente es enorme, y agruparlos en una lista para una elección rompe con los paradigmas tradicionales de los procesos electorales en México.

Además, un proceso de esta naturaleza podría confundir a los votantes y hacer que el proceso se perciba como una mera formalidad. Es lógico pensar que la falta de familiaridad con los candidatos y la complejidad del sistema podría dar lugar a votaciones basadas en el reconocimiento del nombre o la popularidad mediática, en lugar de una evaluación informada de las credenciales y propuestas de cada aspirante. Esto podría generar una elección que no necesariamente premie a los más calificados, sino a quienes tengan mayor visibilidad pública.

La dinámica para dar a conocer las propuestas de los aspirantes:

La reforma también presenta un desafío en cuanto a la forma en que los candidatos podrían dar a conocer sus propuestas. La idea de debates, por ejemplo, parece inviable, dado el gran número de aspirantes y el tiempo limitado para organizar un evento de tal magnitud. Sin una plataforma clara y eficaz para que los candidatos presenten sus planes y posturas, el proceso electoral corre el riesgo de ser superficial y de privar a la ciudadanía de la información necesaria para emitir un voto informado.

El acceso a información imparcial y precisa sobre cada candidato es fundamental para garantizar que los votantes puedan ejercer su derecho con plena consciencia de las implicaciones. Sin embargo, la reforma no especifica mecanismos claros para asegurar la difusión de dicha información. Esto abre la puerta a la posibilidad de que candidatos con mayor capacidad económica o conexiones políticas tengan una ventaja injusta, lo que contradice el objetivo de democratizar el acceso al poder judicial.

Consecuencias para la independencia judicial y la economía:

La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia, y modificar la manera en que se eligen los jueces amenaza con politizar la justicia. Al ser los magistrados y jueces elegidos por voto popular, la tentación de hacer campaña con promesas de castigo o indulgencia en casos de alto perfil podría llevar a un sesgo político en las decisiones judiciales. Esto no solo erosiona la confianza pública en la imparcialidad del sistema judicial, sino que también afecta la estabilidad económica del país.

La injerencia política en el Poder Judicial tiene el potencial de minar la seguridad jurídica, un factor esencial para la inversión extranjera. Las empresas dependen de un marco legal estable y predecible para operar y planificar sus inversiones a largo plazo. Cualquier percepción de que el sistema de justicia en México pueda ser influenciado por intereses políticos o populares disuade a los inversionistas, y podría tener un impacto negativo en la economía nacional, con efectos en la creación de empleos y el crecimiento económico. Según algunas estimaciones del sector financiero, los cambios en el Poder Judicial podrían llegar a costar hasta el 1.9% del PIB por la disminución en nuevas inversiones.

Reflexión final

La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador plantea más preguntas que respuestas. Si bien la búsqueda de una justicia más accesible y democrática es un objetivo loable, los medios para alcanzarlo parecen estar plagados de riesgos e incertidumbres. La elección de jueces mediante votación popular, combinada con métodos aleatorios como la tómbola, amenaza con politizar la justicia, erosionar la independencia judicial y desalentar la inversión.

En un momento en el que México enfrenta desafíos económicos y sociales significativos, es esencial que cualquier reforma al sistema judicial sea cuidadosamente diseñada para fortalecer sus instituciones, no para debilitarlas. El país no puede darse el lujo de poner en juego la imparcialidad y la independencia de uno de los poderes fundamentales del Estado. La reforma debería enfocarse en mejorar los mecanismos existentes para seleccionar a los mejores candidatos, garantizando procesos de evaluación rigurosos y transparentes que prioricen el mérito y la capacidad, en lugar de recurrir al azar o a la popularidad momentánea.

El camino hacia una justicia verdaderamente democrática no puede ser allanado con propuestas simplistas que ignoran la complejidad y la importancia del Poder Judicial. Es hora de reconsiderar esta reforma, de escuchar a los diversos sectores afectados y de buscar un consenso que permita una verdadera transformación, sin sacrificar los principios que sostienen el estado de derecho en México.