La reciente decisión judicial en el caso de Francisco Garduño Yáñez, director del Instituto Nacional de Migración (INM), ha suscitado amplias críticas y preocupaciones sobre la justicia y la responsabilidad en el contexto del incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez que resultó en la trágica muerte de 40 personas y dejó a 27 más heridas. Después de una larga audiencia, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón otorgó a Garduño la suspensión condicional del proceso penal por el incidente, lo que le permite evitar un proceso penal formal.
A cambio de este beneficio, Garduño se comprometió a cumplir con varias condiciones: ofrecer una disculpa pública a las víctimas, firmar semanalmente ante el Poder Judicial, no cambiar su lugar de residencia, asistir a cursos sobre derechos humanos y protección civil, así como supervisar las estaciones migratorias cada tres meses. Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con desdén por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que Garduño no ha reparado adecuadamente el daño causado y que la decisión judicial representa una forma de exoneración por la negligencia que llevó a la tragedia.
Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), manifestó su preocupación acerca del impacto de esta decisión en las víctimas y cómo, desde la perspectiva de justicia, el proceso parece favorecer a Garduño en lugar de brindar reparación a quienes sufrieron la pérdida de sus seres queridos. La situación también plantea interrogantes sobre el uso de fondos públicos para cubrir costos relacionados con la compensación a las víctimas, sugiriendo que la carga financiera de la negligencia podría caer sobre los contribuyentes en lugar de sobre el funcionario involucrado.
Este caso pone de relieve las tensiones entre el poder institucional y la justicia social, particularmente en un contexto donde las políticas migratorias y la protección de los derechos de los migrantes son temas de creciente preocupación en México. La decisión del juez podría sentar un precedente peligroso en cuanto a la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en el país.