El proceso de fiscalización en el Instituto Nacional Electoral (INE) de México se complicó debido a múltiples irregularidades en los reportes presentados por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). La situación se tornó tensa durante una sesión del Consejo General, donde se discutieron las incongruencias en los cálculos de multas y la comunicación de los informes. Inicialmente, se había proyectado que las multas para los partidos podrían ascender a aproximadamente mil 420 millones de pesos, pero durante la sesión surgieron dudas sobre la validez de esos cálculos, lo que generó divisiones entre los consejeros.
Un aspecto destacado fue que la UTF entregó 60 proyectos de multas a última hora, sin el debido proceso de revisión por parte de la Comisión de Fiscalización, lo que alarmó a algunos consejeros. Entre las propuestas presentadas había varias que sugerían la disminución de multas, justificadas por la UTF mediante la alegación de que los partidos habían subsanado problemas a última hora.
Asimismo, los partidos políticos informaron que enfrentaron dificultades técnicas con el Sistema de Información de Fiscalización del INE, lo que les impidió subir sus informes correctamente. Esta situación podría resultar en sanciones que no son atribuibles a ellos, sino al propio sistema del INE.
Ante todas estas complicaciones, se decidió suspender temporalmente la sesión con un receso de cuatro horas, con el objetivo de que los consejeros y sus equipos revisaran la información presentada por la UTF antes de emitir algún tipo de votación sobre los proyectos.