El caso de Diego Isaí López Montesinos es una tragedia que resalta la grave problemática de negligencia y falta de rendición de cuentas dentro de las instituciones responsables de la infraestructura pública en México. A pesar de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las evidencias contundentes que apuntan a la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la familia de Diego enfrenta obstáculos significativos en su lucha por justicia.
El hecho de que la familia haya tenido que recurrir a acciones legales, como el amparo, y aún así no haya obtenido justicia, es un reflejo de la impunidad que a veces rodea a las empresas estatales. Las declaraciones de que las empresas del gobierno no pueden ser objeto de persecución penal plantean cuestionamientos sobre el sistema de justicia y su capacidad para proteger los derechos de los ciudadanos.
La muerte de Diego, a causa de una descarga eléctrica por un cable en mal estado, subraya la importancia de la seguridad pública y la responsabilidad de las instituciones para prevenir tragedias como esta. La situación es aún más desgarradora al conocer que Diego murió frente a su hermana y que su madre había alertado previamente a la CFE sobre la peligrosidad de los cables sueltos.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades respondan adecuadamente a situaciones de riesgo y que haya un sistema de responsabilidad que garantice que las instituciones no actúen con impunidad. La familia de Diego merece justicia y que se tomen las medidas necesarias para evitar que algo similar ocurra en el futuro.