La situación en torno a Fátima Zavala ha generado una fuerte controversia y preocupación en la comunidad, especialmente por las acusaciones que su familia ha dirigido hacia la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La familia sostiene que la versión oficial sobre la caída de Fátima desde el segundo piso de su escuela ha sido manipulada, y que la fiscalía ha ignorado elementos clave del testimonio de la adolescente, quien supuestamente fue víctima de amenazas de muerte por parte de una compañera.
Las acusaciones incluyen tratar de presentar el incidente como un intento de suicidio, lo cual la familia rechaza categóricamente. Afirman que el bullying que Fátima padeció ha tenido consecuencias graves y que la respuesta de las autoridades no ha sido adecuada ni justa, lo que ha llevado a la familia a exigir una investigación exhaustiva y transparente.
Los padres demandan que se tomen en cuenta las amenazas y el acoso que sufrió su hija, lo que, según ellos,21 contribuyó a la tragedia. Esta situación resalta no solo la importancia de atender el bullying en las escuelas, sino también la necesidad de que las instituciones de justicia actúen con integridad y respeto hacia las víctimas. La familia ha pedido un cese inmediato a la revictimización de Fátima y una rendición de cuentas adecuada por parte de las autoridades involucradas.