El reciente nombramiento de Víctor Manuel Sánchez Ruiz como parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla ha desatado controversia y críticas. Sánchez Ruiz, quien se desempeñó como contralor en el gobierno de Mario Marín Torres y estuvo involucrado en la campaña del gobernador electo Alejandro Armenta Mier, fue designado a este puesto a pesar de la oposición manifestada por diversas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.
En un episodio significativo de la sesión del congreso, Roberto Alonso Muñoz, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, decidió renunciar al Consejo Selectivo del CPC en señal de desacuerdo con la elección de Sánchez Ruiz. Alonso expresó que la trayectoria de Sánchez Ruiz, enfocada en el sector público y su asociación con un gobierno con antecedentes problemáticos, lo convierten en un perfil "disonante" para un comité que debería promover la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Alonso subrayó que los requisitos para ser parte del CPC deben incluir respaldo social, experiencia en participación ciudadana, y un profundo conocimiento de la política estatal anticorrupción. Hizo un llamado a la reflexión sobre la idoneidad de Sánchez Ruiz, sugiriendo que su historial en la administración pública lo hace una elección inapropiada para un organismo que debería facilitar una conexión más cercana entre el gobierno y la sociedad civil.
En resumen, esta situación resalta las tensiones entre la política local y las expectativas de la ciudadanía con respecto a la integridad y la representación en los comités que se encargan de temas tan críticos como la corrupción.