El fallo de un juez en Oaxaca ha generado una controversia significativa entre dos particulares y la comunidad de Tilzapote. Los particulares, Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, han sido reconocidos como propietarios de 300 hectáreas y se les ha ordenado que el Estado mexicano les pague 6 mil millones de pesos. Este conflicto de tierras, que se remonta a 2011, ha llevado a la comunidad a alegar que esas tierras les pertenecen, y han denunciado que la sentencia es producto de una red de complicidades entre autoridades agrarias y el Poder Judicial Federal.
Los supuestos propietarios sostienen que poseen documentos legales que respaldan su reclamación desde hace más de 70 años. Sin embargo, los comuneros acusan que el proceso judicial ha sido manipulado mediante fraudes documentales y la colusión de abogados y autoridades, en especial un magistrado del Tribunal Unitario Agrario. Señalan que, a pesar de las irregularidades, lograron obtener una sentencia favorable y un fallo de pago.
La situación pone de manifiesto las tensiones entre los derechos de comunidades indígenas y las reclamaciones de propiedades privadas en México, así como cuestionamientos sobre la integridad del sistema judicial en este tipo de disputas agrarias. La comunidad afectada busca que se reconozcan sus derechos sobre la tierra, mientras que los particulares se basan en lo que consideran una legalidad valida respaldada por documentos antiguos. La denuncia de complicidades en el proceso judicial añade una capa de complejidad al conflicto, que podría tener repercusiones más amplias en el ámbito agrario y judicial en la región.