La situación entre la Embajada de Estados Unidos en México y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a un punto de tensión debido a la reforma judicial propuesta por el mandatario. Esta reforma incluye la elección de jueces mediante voto popular, lo que ha levantado preocupaciones en Estados Unidos respecto a la posible afectación de la democracia y la corrupción en el sistema judicial mexicano.
El embajador Ken Salazar expresó que, aunque Estados Unidos respeta la soberanía de México, tiene serias dudas sobre cómo esta reforma podría impactar el fortalecimiento del poder judicial. En su comunicación, Salazar enfatizó el deseo de Estados Unidos de seguir colaborando con México en base a una relación amistosa y de igualdad, subrayando que busca objetivos compartidos y un entendimiento mutuo.
En respuesta, el gobierno mexicano ha expresado su desacuerdo con las declaraciones del embajador, considerándolas una intromisión en asuntos internos. Esta controversia se ha intensificado con la reciente carta enviada por el gobierno mexicano a la Embajada, en la que se cuestionan las preocupaciones manifestadas por Estados Unidos.
Así mismo, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también mostró su preocupación por la reforma judicial y otras propuestas del gobierno mexicano que implican la eliminación de órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), lo que añade otra capa de complejidad a las relaciones entre ambos países.