La reciente decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) representa un cambio significativo en la dirección del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la situación de su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas. Los magistrados del TEPJF revocaron la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que había invalidado los acuerdos de la asamblea nacional del PRI, lo que permite a Moreno la posibilidad de reelegirse hasta 2028.
Este fallo se produce en un contexto de desacuerdos profundos dentro del PRI y entre sus expresidentes, quienes argumentaron que la modificación de los estatutos, realizada en julio, era irregular ya que se llevó a cabo a más de un mes de que iniciara el proceso electoral. El argumento central de la magistrada Mónica Aralí Soto Fragoso y otros magistrados fue que la decisión del INE representaba una restricción indebida al derecho del partido a auto organizarse y autodeterminarse.
En este intrincado juego político, la relación de los magistrados con el partido Morena ha suscitado críticas y teorías sobre posibles influencias en las decisiones judiciales. La cercanía de Mónica Soto y Guadalupe Taddei, presidentas del TEPJF e INE respectivamente, con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador ha sido un punto de controversia.
La decisión de la TEPJF abre la puerta a que Alejandro Moreno continúe al frente del PRI, lo que podría tener repercusiones en la dinámica política del país, especialmente de cara a elecciones futuras. Sin embargo, este fallo también pone de relieve las tensiones internas del PRI y plantea interrogantes sobre su futuro y su relevancia en el panorama político mexicano.