El caso descrito en el Estado de México detalla una serie de irregularidades relacionadas con el ejercicio del poder político por parte del senador Enrique Vargas y su esposa, la alcaldesa Romina Contreras, en el municipio de Huixquilucan. Desde 2016, ellos habrían implementado un esquema que les permitió obtener ganancias significativas a través del condicionamiento de licencias de construcción. Los desarrolladores de vivienda debían adquirir cocinas de la empresa Cocinas Integrales Europeas S.A. de C.V., propiedad de la familia Vargas del Villar, a cambio de recibir las licencias necesarias para construir.
Entre 2016 y 2023, se menciona que al menos 12 grupos inmobiliarios se convirtieron en clientes de dicha empresa, invirtiendo un total aproximado de 123.5 millones de pesos. Este mecanismo no solo generó ingresos considerables para la familia Vargas del Villar, sino que también planteó serias cuestiones éticas y legales sobre el uso del poder público para beneficiar negocios familiares.
Además, se señala que en 2021 y 2022, Cocinas Integrales Europeas envió una cantidad significativa de dinero a varias compañías, que presentan características de "factureras", es decir, empresas que podrían estar involucradas en actividades de facturación falsa. Esto es preocupante, ya que sugiere la posibilidad de un lavado de dinero o evasión fiscal.
La empresa familial fue fundada en 1975 por los padres del senador, y ha mantenido un enfoque en el suministro de muebles de cocina a desarrolladores inmobiliarios, especialmente después de que Enrique Vargas asumió la alcaldía de Huixquilucan. Este contexto plantea serias inquietudes sobre la integridad de las administraciones local y las estrategias utilizadas por los funcionarios para obtener beneficios económicos personales a expensas de un manejo adecuado y transparente de los recursos públicos.