La reciente aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el Senado ha generado controversia y debate. La reforma, impulsada por senadores de Morena y aliados, permite que el Infonavit actúe como constructor de vivienda en colaboración con sectores públicos, privados y sociales. Esta medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar la crisis de vivienda en el país.
El dictamen, que se aprobó rápidamente tras su discusión en comisiones, establece que el Infonavit podrá crear una empresa filial con plena capacidad de gestión, lo que le otorga nuevas facultades para manejar recursos y financiar proyectos de construcción y administración de vivienda. Los trabajadores que hayan cotizado al menos un año tendrán acceso a un programa de arrendamiento social de viviendas cercanas a sus lugares de trabajo y podrán optar por la compra de dichas viviendas.
Sin embargo, la oposición ha expresado su preocupación por las implicaciones que esta reforma podría tener para los recursos de los trabajadores, argumentando que podría permitir al Infonavit disponer de fondos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores. Prominentes senadores como Ricardo Anaya han criticado esta medida, sugiriendo que la reforma beneficia más al gobierno que a los trabajadores.
La votación final en el Senado fue de 68 votos a favor y 29 en contra, lo que refleja un fuerte apoyo dentro de la mayoría gobernante, a pesar de las críticas y la oposición manifestada durante el proceso legislativo.