La situación laboral y económica en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un tema de debate y análisis. A pesar de los aumentos en el salario mínimo general, que estuvieron en línea con la política de mejora de ingresos para los trabajadores, estos incrementos no han sido suficientes para contrarrestar el efecto de la inflación histórica y las condiciones laborales precarias que afectan a una gran parte de la población.
Los datos proporcionados por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM reflejan que, con el salario mínimo actual, los trabajadores solo pueden adquirir el 51.2% de una canasta básica, indicando una significativa limitación en el poder adquisitivo de los hogares mexicanos. Este fenómeno ha llevado a que más de la mitad de la población esté atrapada en la pobreza laboral, lo que significa que, a pesar de contar con un empleo, sus ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas.
El Banco Mundial, por otro lado, ha reportado mejoras en la pobreza multidimensional, sugiriendo que 8.8 millones de mexicanos han salido de esta condición entre 2020 y 2022. Sin embargo, la pobreza laboral ha continuado en aumento, lo que plantea dudas sobre la efectividad de las políticas económicas y laborales implementadas. Desde el inicio del sexenio de AMLO, la cantidad de personas en pobreza extrema ocupada ha crecido de 39.5 millones en 2018 a 43.5 millones en 2024, según las proyecciones.
Este contraste entre la mejora en la pobreza multidimensional y el aumento de la pobreza laboral pone de manifiesto las complejidades del entorno socioeconómico en México y la necesidad de abordar no solo los índices de pobreza, sino también las condiciones laborales y el impacto de la inflación en el bienestar de la población. La situación se hace crítica, ya que las políticas implementadas hasta el momento no han logrado elevar adecuadamente la calidad de vida de una gran parte de los trabajadores mexicanos.