El consenso en el disenso: una necesidad constitucional cuando se habla de labor jurisdiccional.

Mucho ha dado de que hablar la llamada “Reforma Judicial” propuesta recientemente. El planteamiento es sencillo, una renovación completa del poder más obscuro del Estado; una renovación que no solamente incluye un cambio en los miembros del Poder Judicial, sino cuya innovación proviene de replantear el método de elección de los miembros de este poder, para implementar una votación directa, además de añadirse, en los últimos días, una búsqueda de inclusión de los abogados más jóvenes a la labor jurisdiccional.

En contra de aquella postura, no han faltado las críticas desde la oposición, quienes consideran que una reforma judicial planteada en esos términos está determinada a minar todo el avance jurisdiccional en materia de derechos humanos desde la visión contramayoritaria. Solamente los jueces, actores objetivos y ajenos al terreno político, son capaces de limitar el abuso del poder en contra de las minorías y por ese hecho, una elección planteada a través de la arena política minaría su independencia y objetividad.

La verdad en este debate -si es que puede existir una-, es que la división entre democracia y contrademocracia siempre ha existido. El disenso a gran escala, entre las mejores decisiones para las mayorías y minorías, siempre ha existido. El disenso entre legislaturas y ejecutivos, en contraposición a los jueces, siempre ha existido. Pero en los momentos de disenso o más bien, de polarización absoluta, no debe perderse de vista lo más importante: para fortalecer un Estado de Derecho, es necesario consensuar aún en los momentos de mayor disenso.

¿Se requiere una reforma judicial?

La respuesta es sí, pero esa reforma debe estar abierta a todos los sectores políticos, académicos y ciudadanos. La reforma judicial requiere de ese consenso que ha faltado tanto en los últimos años y, más allá de eso, la reforma judicial requiere de ese consenso por el bien de la ciudadanía, no por el bien de los actores políticos en el juego actual. Ni por los jueces, ni por el partido en el poder, la reforma judicial debe ser discutida y aprobada, por el bien de todos los ciudadanos mexicanos.

Gabriel Castañeda Gómez Mont

Manuel Alejandro Rubio Gómez