La situación descrita evidencia la preocupación en México respecto a la falta de acción efectiva en casos de corrupción vinculados a grandes empresas, como Vitol, y a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). A pesar de que Vitol confesó haber sobornado a funcionarios para obtener contratos, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha avanzado significativamente en su investigación, poniendo de manifiesto un posible estancamiento en la justicia.
La respuesta de la FGR a la solicitud de información indica que la investigación está en su fase inicial, pero también resalta que ha habido dificultades para la transparencia en el proceso, ya que la fiscalía se ha negado a publicar el expediente, a pesar de las ordenes del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Esto genera inquietudes sobre la rendición de cuentas y la manera en que se manejan los casos de corrupción en el país.
El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, pone en contexto este caso al compararlo con otros escándalos de corrupción en México, como el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht. Esta comparación sugiere una falta de confianza en que se logre una resolución adecuada y justa, basándose en experiencias pasadas donde los procesos no han conducido a sentencias concretas.
La situación refleja un patrón común en la lucha contra la corrupción en México, donde los casos se tramitan prolongadamente sin llegar a resultados claros, lo que puede desalentar la confianza del público en las instituciones encargadas de la ley y el orden.