La situación descrita se refiere a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra dos jueces que han otorgado suspensiones a una reforma judicial en México. Los jueces, Sergio Santamaría Chamú y Gabriela Ruiz Márquez, han denunciado ser objeto de persecución política tras recibir notificaciones de la FGR sobre la investigación en su contra por presuntos delitos contra la administración de la justicia.
Ambos jueces han emitido resoluciones de amparo que frenaron el proceso de selección de candidatos para elecciones, argumentando que la reforma judicial es inválida. Santamaría Chamú recibió un requerimiento de la FGR para que enviara copias certificadas del expediente de amparo, mientras que Ruiz Márquez, que concedió el primer amparo contra la reforma, defendió sus decisiones al considerar que ejerció sus facultades constitucionales y que su análisis fue exhaustivo.
Ambos jueces manifestaron su firmeza ante la situación, desestimando el miedo y señalando que sus decisiones están fundamentadas y motivadas legalmente. Esta situación refleja una tensión significativa entre el Poder Judicial y otros poderes del Estado en el contexto de la reforma judicial en México.