La situación en torno a la reforma al Poder Judicial en México ha generado una intensa controversia y críticas por parte del Partido Acción Nacional (PAN). Los legisladores de este partido han denunciado irregularidades en el proceso de aprobación de la reforma, argumentando que no se siguieron los procedimientos legales adecuados. En respuesta a estas preocupaciones, han interpuesto un amparo indirecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández expuso que el proceso legislativo fue marcado por "vicios de origen" que podrían llevar a la nulidad de la reforma. Resaltó la falta de un comunicado oficial que informara correctamente a todos los diputados sobre el cambio de sede de la votación y la ausencia de verificación del quórum en el lugar donde se llevó a cabo la sesión, el gimnasio de la Magdalena Mixhuca.
El Grupo Parlamentario del PAN también argumentó que la reforma podría vulnerar derechos humanos estipulados en la Constitución y amenazar la independencia del Poder Judicial. Específicamente, hicieron hincapié en las siguientes afectaciones:
- Un desmejoramiento de los derechos laborales de jueces y magistrados, lo que podría resultar en la fuga de talento calificado del Poder Judicial. - La pérdida de incentivos para atraer y retener a personal altamente capacitado, lo que podría deteriorar la calidad de la administración de justicia a corto, mediano y largo plazo.
Estas acusaciones reflejan un contexto de tensión política en el país y la desconfianza hacia las decisiones legislativas que se toman en momentos críticos. La decisión de la SCJN sobre el amparo podría tener implicaciones importantes para el futuro del sistema judicial en México.