Erick y Verónica Razo Casales han estado enfrentando una pesadilla desde su detención y tortura hace más de una década, como parte de un sistema que buscó incriminarlos en delitos que no cometieron, en una trama que involucra a agentes de la extinta Policía Federal y su conexión con el antiguo gobierno mexicano. A pesar de que han sido absolutos de los cargos que se les imputaron, su lucha por justicia continúa, buscando que los responsables de las violaciones a sus derechos humanos enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Erick ha sufrido detenciones arbitrarias más recientes en 2022, así como la amenaza de represalias contra sus familiares si no se retiraba de las denuncias por tortura. En un encuentro reciente, mientras elaboraba una estrategia legal con su asesora jurídica, fue abordado por un individuo vestido de civil que le formuló preguntas amenazadoras, lo que refleja un patrón de acoso y hostigamiento hacia ellos mientras intentan obtener justicia.
La historia de los Razo Casales es un claro ejemplo de las fallas del sistema de justicia y de la impunidad con la que operan algunas autoridades en México, resaltando la necesidad de un cambio institucional que proteja a las víctimas de abusos y garantice que los culpables sean llevados ante la justicia.