La situación en Nuevo Laredo en relación con la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, ha generado una tremenda controversia. Raymundo Ramos Vázquez, quien preside el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha criticado fuertemente la gestión de Piedra Ibarra, argumentando que ha mostrado una "sumisión" hacia las fuerzas armadas, lo que ha resultado en un manejo deficiente de las quejas presentadas por víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Ramos Vázquez destacó 14 casos de graves violaciones a derechos humanos donde, según su perspectiva, la actuación de la CNDH ha sido "parcial, superficial y tolerante". En particular, subrayó la negativa de la CNDH a otorgar medidas cautelares que podrían haber protegido a la población civil, contribuyendo así a tragedias como la muerte de tres civiles, incluyendo a una niña de 8 años, a manos de militares.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo también acusó a varios líderes de la CNDH de ser cómplices o de estar subordinados a las fuerzas armadas, pidiendo su renuncia. A pesar de las evidencias presentadas, la CNDH ha cerrado quejas en múltiples ocasiones, citando la falta de elementos de prueba, lo que ha llevado a críticas por su inacción en casos de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos.
Uno de los casos más emblemáticos citados por el CDHNL es el de Heidi Mariana, una niña que perdió la vida durante un incidente que, según el comité, no fue un enfrentamiento, como afirmó la Sedena, sino un ataque indiscriminado de las fuerzas armadas. Esto ha acentuado la percepción de impunidad y falta de responsabilidad por parte de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en el país.
Las declaraciones de Ramos Vázquez en la comparecencia ante el Senado reflejan una creciente tensión entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, en un contexto donde la protección de los derechos humanos es un tema crítico y urgente en México.