La desaparición de Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández ha generado una fuerte inquietud en México y en el ámbito internacional, destacando la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país. Sandra es una abogada y defensora feminista del pueblo Ayuujk (mixe) que ha luchado contra la corrupción, el daño ambiental y la violencia feminicida en los últimos años.
Su caso se suma a otros incidentes alarmantes de desapariciones forzadas en la región, como las de Claudia Uruchurtu y Irma Galindo Barrios, quienes también eran defensoras de derechos humanos y no han sido localizadas. A pesar de las múltiples denuncias y la presión ejercida por organizaciones locales e internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas han mostrado lentitud e insensibilidad en la respuesta a estas desapariciones.
La situación es crítica, ya que incluso las familias de las víctimas, como Araceli Martínez y Kenia Domínguez, han declarado que no han recibido apoyo adecuado ni de las autoridades estatales ni federales, quienes no han tomado acción efectiva para avanzar en las investigaciones de estos casos. La comunidad y las organizaciones que apoyan a estas defensoras continúan exigiendo justicia y la localización de Sandra, Alexander, Claudia e Irma, demandando una respuesta más efectiva del gobierno frente a la creciente ola de violencia y desapariciones en el país.