El contexto que se describe sobre el estado de Chiapas, tras la gestión de Rutilio Escandón, revela una grave situación de violencia, corrupción y violaciones a los derechos humanos. La aparición de grupos civiles armados relacionados con el crimen organizado ha intensificado el sentimiento de inseguridad. Los académicos y activistas coinciden en que la administración saliente hizo caso omiso a estos problemas críticos, lo que ha llevado a un "agravamiento" de la violencia y a un aumento en el número de desplazamientos forzados debido a conflictos armados.
Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, al asumir la nueva gobernatura, enfrenta el desafío de restablecer la paz en un entorno marcado por la falta de confianza en las instituciones y la presencia de cacicazgos locales. La crítica hacia la gestión anterior sugiere que hubo un distanciamiento de la realidad, donde las voces de la ciudadanía y sus necesidades no fueron atendidas. Este aislamiento ha contribuido a la percepción de un estado en crisis, donde muchos de sus habitantes viven bajo el miedo y la incertidumbre.
Las organizaciones no gubernamentales han documentado esta situación de crisis humanitaria, señalando que el desplazamiento forzado ha dejado su huella en el tejido social de Chiapas, que estaba marcado anteriormente por conflictos de otra índole, como los religiosos. Hoy, la delincuencia organizada ha cambiado la dinámica del desplazamiento, convirtiéndolo en un fenómeno asociado con la violencia criminal en lugar de tensiones sociopolíticas o religiosas.
Por lo tanto, el reto para la nueva administración es no solo abordar la violencia y la inseguridad, sino también reconstruir la confianza entre el gobierno y la población, y establecer un diálogo abierto y efectivo que permita fomentar una paz duradera y un desarrollo económico sostenible.