El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados salió en defensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador y presentó una iniciativa para evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servicios públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado, es decir, de Petróleos Mexicanos Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad CFE.
A través de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Morena busca adicionar dos fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado.
La modificación busca cambiar el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente para considerar que habría perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión: “contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos” y “en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de Empresas Productivas del Estado”.
En su exposición de motivos, la diputada explica que la Cuarta Transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la “burocracia dorada” y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado, históricamente los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores.
Agrega que actualmente hay un nuevo régimen jurídico promovido por la Cuarta Transformación que tiene como principio acabar con la corrupción y la burocracia de los salarios estratosféricos, por ello, se impulsaron las nuevas leyes federales en materia de remuneraciones de los servidores públicos y de austeridad republicana, sin embargo los fines y principios que persiguen estas leyes, están siendo obstaculizados judicialmente a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales, donde se solicita sea suspendida la aplicación de las normas que prohíben que un servidor público gane más que el presidente.
Señala que el mandato del pueblo fue claro en 2018, ya no se quería un “gobierno rico y un pueblo pobre”, pese a ello, algunos funcionarios públicos se han empeñado en conservar sus privilegios y beneficios, por lo que haciendo uso de estratagemas legales y judiciales le apuestan a litigios largos que a veces duran años, donde mientras tanto gozan de la suspensión del amparo y siguen recibiendo beneficios indebidos.

El Economista