La situación descrita refleja un momento importante en la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador y su relación con el sistema judicial en México. En 2016, cuando era presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, López Obrador presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma que modificó la estructura del entonces Distrito Federal (DF) para convertirse en la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, su impugnación fue declarada improcedente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), específicamente por el ministro Javier Laynez Potisek, quien argumentó que el partido no contaba con la legitimación necesaria para impugnar reformas constitucionales y que la vía utilizada no era la adecuada.
Durante su conferencia matutina el 17 de septiembre, López Obrador comentó que la Corte no tiene la facultad para revisar la reforma que transformó la estructura del Poder Judicial, afirmando que no existe un fundamento legal que impida dicha reforma. Este tipo de declaraciones puede ser visto como parte de su estrategia política para fortalecer su postura sobre las reformas que su administración ha impulsado y su crítica a las instituciones del país.
Este episodio ilustra las tensiones entre el ejecutivo y el poder judicial en México, así como las limitaciones y normas que rigen la posibilidad de impugnación de reformas constitucionales. La declaración de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien señala que la acción de inconstitucionalidad no es el mecanismo adecuado para cuestionar reformas constitucionales, enfatiza el marco legal que regula estas situaciones.