La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una sentencia condenando al Estado mexicano por la desaparición forzada del indígena ch’ol Antonio González Méndez, un hecho ocurrido en 1999. Esta desaparición está vinculada a una política contrainsurgente conocida como el Plan Campaña Chiapas, en respuesta al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994.
Según la Corte, la desaparición de González Méndez está asociada a la participación del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, que actuó con el apoyo y tolerancia del Estado para eliminar a opositores como el EZLN. Se destacó que González Méndez pertenecía a las bases civiles de apoyo al EZLN y era simpatizante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La última vez que se tuvo información sobre él fue el 18 de enero de 1999, en una zona controlada por dicho grupo paramilitar.
A pesar de que las autoridades mexicanas aceptaron parcialmente su responsabilidad, la Corte subrayó la ineficacia de las instituciones para llevar a cabo una investigación adecuada y oportuna sobre su desaparición. Este fracaso generó sufrimiento y angustias significativas a los familiares de González Méndez, incluyendo a sus tres hijas y un hijo, quienes también fueron reconocidos como víctimas en la sentencia.
La Corte IDH determinó que el Estado mexicano es responsable no sólo de la desaparición forzada, sino también de múltiples violaciones a los derechos humanos de González Méndez y su familia, incluidos derechos a la vida, a la integridad personal, y a las garantías judiciales.