1. **Reducción en la calidad del servicio**: La imposición de precios por parte del gobierno podría llevar a las empresas a reducir sus esfuerzos en el mantenimiento de infraestructura y en la capacitación de su personal, afectando la calidad del servicio que reciben los consumidores.
2. **Aumento en el riesgo de desabasto**: Al no poder cubrir sus costos operativos, las empresas podrían reducir sus actividades de distribución, lo cual puede generar problemas de abastecimiento en diversas regiones del país.
3. **Impacto en la inversión**: La falta de rentabilidad debido a los precios controlados puede desincentivar la inversión en el sector, impidiendo la modernización y expansión necesaria para una distribución eficiente del gas LP.
4. **Cierre de empresas**: Algunas empresas, especialmente las más pequeñas, podrían verse obligadas a cerrar operaciones si no se logran suficientes ingresos para cubrir sus costos, lo que afectaría la competencia en el sector.
5. **Desempleo**: Con el cierre de empresas o la reducción de su operación, podría haber un aumento en el desempleo en el sector de distribución de gas LP, afectando a muchas familias que dependen de estos empleos.
6. **Incremento en los precios para el consumidor**: A largo plazo, si el control de precios afecta la sostenibilidad del sector, podría resultar en un aumento de precios cuando se eliminen las medidas de control, afectando a los consumidores finales.
7. **Problemas de seguridad**: La reducción de inversión y mantenimiento también puede afectar la seguridad en la distribución del gas, incrementando el riesgo de accidentes y problemas de seguridad pública.
Con estos puntos, la Coparmex enfatiza la necesidad de reconsiderar la política de precios para asegurar la viabilidad del sector y la estabilidad en el suministro de gas LP en México.