La situación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, bajo la presidencia de Norma Lucía Piña Hernández, reflejó una profunda división institucional en su último informe de labores. Este conflicto se intensificó tras la aprobación y ejecución de la reforma judicial, la cual fue respaldada por un voto clave del ministro Alberto Pérez Dayán. Su decisión, el 5 de noviembre, resultó en la incapacidad de la Corte para invalidar dicha reforma, lo que significó un gran revés para el bloque mayoritario y para los miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que protestaron en contra.
El informe programado para el 10 de diciembre se presenta en un contexto donde la estructura de la SCJN está en transformación, ya que a partir de 2025, sus miembros serán elegidos por voto popular, lo que podría reducir significativamente el poder del presidente del tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente, la Corte cuenta con 10 ministros, tras la conclusión del periodo de Luis María Aguilar Morales, miembro del bloque mayoritario.
La nueva configuración ha llevado a que las tres ministras afines a la transformación promovida por el actual gobierno -Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- frenen intentos del Pleno por declarar inconstitucionales las reformas impulsadas por el presidente López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Este año, las tensiones y desacuerdos entre los ministros han sido más visibles, especialmente protagonizados por Lenia Batres, quien ha capturado la atención en redes sociales por sus controversias con sus colegas, ya sea por desacuerdos en el entendimiento de los procesos judiciales o por su inclinación a resaltar una agenda política en favor de la cuarta transformación.