El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica Cofece resolvió imponer multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas traders por causar un daño estimado de 29 millones de pesos al mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamental entre 2010 y 2013.
La Comisión informó que encontró evidencia de que esos 7 bancos y más de una decena de traders o intermediarios pactaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio, o no comercializar ni adquirir ciertos papeles de deuda gubernamental.
La Cofece acreditó que los bancos, todos ellos de origen extranjero, se coludieron en algunas operaciones a través del intercambio de mensajes chats utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo.
Bancos y traders establecieron acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica LFCE para manipular precios, con un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en tales transacciones, establece el expediente IO-006-2016.
Para ciertas transacciones en particular, los traders se ponían de acuerdo para subir el precio, para no comprar o no vender, ya sea porque necesitaban lograr un equilibrio entre bonos de corto y largo plazo, o mantener un balance entre sus ganancias o pérdidas, que algunos bonos tuvieran cierto volumen de operación en el mercado, aumentar sus ganancias, y un ejemplo en el caso de un acuerdo para aumentar el precio de cotización que darían a una Afore, explicó en entrevista con Aristegui en vivo Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la COFECE.
Expuso la Cofece que esta conducta afectó algunas operaciones del mercado secundario de valores gubernamentales entre 2010 y 2013, y agregó que las multas se establecieron conforme a la ley de competencia anterior a la actual, que establece montos menores de sanción.
Este mercado tiene dos etapas, una en la que el emisor que necesita de financiamiento, el gobierno mexicano, emite mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público papeles de deuda a ciertos plazos y tasas, como Cetes, MBonos, Bondes y Udibonos, los cuales son colocados o vendidos por el Banco de México, y adquiridos por un grupo de instituciones financieras autorizadas que invierten compran estos instrumentos con el objetivo de obtener rendimientos.
Las irregularidades detectadas se produjeron en la segunda fase, en la que los valores de deuda gubernamentales, ya en manos de dichos intermediarios financieros autorizados, entre los que se encuentran los bancos, son comprados y vendidos mediante sus traders.
“Los traders actúan en representación de los bancos, es decir que nadie puede comprar y vender deuda del gobierno en el mercado secundario si no trabaja para un banco”, explicó Palacios.
La detección y sanción de esta colusión es relevante porque desestabiliza las condiciones que facilitan la realización de acuerdos ilegales en el sector financiero, un mercado que debe ser confiable y competitivo pues puede tener un gran impacto en las finanzas públicas y en las posibilidades de ahorro del público inversionista, indicó la COFECE.
La comisionada presidenta indicó que los afectados por estas transacciones podrían iniciar un proceso judicial en un tribunal administrativo para reclamar el pago por daños y perjuicios, toda vez que se tienen identificados los bonos, con lo cual los grandes inversionistas pueden hacer una revisación para saber si ellos vendieron o compraron tales bonos.
“Fueron transacciones puntuales, no hubo un acuerdo que afectara el volumen de todas las operaciones de todo el mercado -detalló-. No es una manipulación a todo el mercado de deuda pública”.
Por otra parte, el órgano antimonopolios explicó que existe una metodología para el cálculo de los montos de las multas que se aplican en todos los casos que atiende Cofece, la cual está basada en el principio constitucional de proporcionalidad con base en el daño acreditado al mercado. La capacidad económica del sancionado sirve para fijar, en su caso, el tope máximo.
De acuerdo con el organismo, la sanción hace valer la ley en el sector financiero y disuade acuerdos ilegales en el sector, sea entre los bancos o las personas que actúan en su nombre, al desestabilizar las condiciones que facilitan acuerdos de este tipo. “Gracias a la intervención de la Cofece ya hubo cambios en la forma de interactuar de estos agentes económicos”, indicó.
Añadió que el sector financiero es prioritario para el trabajo de la Comisión y que, por ello, ha investigado y sancionado conductas anticompetitivas que afectaban a los usuarios en los mercados de las Afores y en el mercado de información crediticia, además de haber presentado opiniones para promover la competencia en los mercados de las fintech, Afores, cajeros automáticos, comisiones bancarias, sistemas de pagos con tarjeta, entre otros.
Finalmente, señaló la Cofece que bancos e intermediarios sancionados tienen la opción legal de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece.

Fuente: Aristegui Noticias