El caso de Magda Liliana Altamirano Calderón ha ganado relevancia debido a las acusaciones de violencia de género y hostigamiento sexual cometidas por colaboradores del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. Altamirano, exgerente del Monte de Piedad en Oaxaca, denunció presuntos actos de corrupción y delitos que incluyen intimidación y cohecho. Su denuncia fue considerada tan grave que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha solicitado al Estado mexicano que presente una explicación sobre el caso.
La CIDH ha dado un plazo de tres meses, que puede extenderse a cuatro, para que el gobierno mexicano responda, aclarando que esta solicitud no implica un juicio previo sobre la admissibilidad de la queja. Altamirano ha señalado que este reconocimiento por parte de la CIDH es histórico para las mujeres que han sufrido violencia en Oaxaca y ha expresado su determinación de llevar el caso, si es necesario, a una Corte Internacional, resaltando la gravedad de las violaciones de derechos humanos que ha enfrentado.
La situación ha generado un debate sobre la protección de los derechos de las mujeres y la responsabilidad de las autoridades en Oaxaca, así como la respuesta del gobierno ante estas acusaciones. Altamirano, quien ha tenido que abandonar su estado debido a amenazas de muerte, ve en la atención de la CIDH una oportunidad para que su caso sea tratado con la seriedad que merece.