La situación descrita en el Instituto Nacional Electoral (INE) de México refleja una intensa lucha interna sobre el control y la dirección del organismo, particularmente en relación con una reforma que ha generado controversia y desacuerdos entre los consejeros. La reforma, impulsada por el partido Morena, ha sido vista por algunos consejeros, quienes están en desacuerdo con la concentración de poder en la figura de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, como un ataque a la autonomía y al balance de poderes dentro de la institución.
Los seis consejeros que propusieron el acuerdo, aludiendo a aspectos que consideran perjudiciales para el INE, lograron que se aprobara la instrucción de presentar una controversia constitucional. Sin embargo, este acuerdo fue rechazado por los consejeros afines a Taddei, quienes argumentaron que no se debía proceder de esa manera y que el tema debía ser tratado internamente. Esto pone de manifiesto una falta de consenso y la existencia de divisiones dentro del consejo, que no es la primera vez que se evidencian.
Además, el desenlace de esta discusión refleja la tensión entre el INE y el gobierno actual, donde se cuestiona la capacidad del organismo para operar de manera independiente sin injerencias externas. La postura de algunos consejeros que critican tanto la reforma como la manera en que los disidentes presentaron su acuerdo indica que las diferencias no solo son sobre el contenido de la reforma, sino también sobre la forma en que se llevan a cabo los procesos dentro del órgano electoral. Estos conflictos internos pueden tener implicaciones significativas para la credibilidad del INE y su función en la supervisión de los procesos electorales en el país.
El consejo también se enfrenta al reto de encontrar un equilibrio entre mantener su autonomía y la colaboración necesaria para que el organismo funcione eficientemente. La fecha límite para presentar la controversia, el 19 de noviembre, se perfila como un momento clave en este conflicto.