El gobierno mexicano en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación pudieron detectar las irregularidades en los puertos del país, es decir aquellas acciones que van desde la entrega de las terminales marítimas a los cárteles de la droga, hasta la pérdida de millones de pesos por actos de corrupción en la gestión de trámites.
Esto se fue generando en los últimos 20 años, cuando la Secretaría de Comunicación y Transportes era la rectora de las operaciones de los 117 puertos y terminales nacionales.
Los documentos de inteligencia federal identificaron a los 6 puertos con más operaciones de grupos del narcotráfico y el diagnóstico es que en la gestión de la SCT en los puertos, las bandas criminales promovieron la corrupción con funcionarios y autoridades para involucrarlos en sus operaciones y extraer o cargar drogas.
Los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se convirtieron en puntos estratégicos de los cárteles hasta donde llegaban embarcaciones procedentes de países de Sudamérica, pero con banderas de otras naciones, las cuales transportaban la droga de diferentes métodos: ocultándola en los barcos, atando sumergibles pequeños a modo de torpedos, o incluso pegan a sus cascos contenedores.
Fue detectado el trasiego de combustible irregular en las terminales de usos múltiples del Golfo de México, con la anuencia de autoridades de la SCT y de Petróleos Mexicanos. También pesa la falta de transparencia en la concesión y manejo de la seguridad privada de los puertos y terminales marítimas; en la adjudicación directa de los contratos de cesión parcial de derechos y evasión fiscal.
En cuanto al dragado, en los puertos de mayor tráfico de embarcaciones mayores, esta actividad ha sido susceptible a procesos poco transparentes, otorgando permisos a embarcaciones extranjeras mediante concesiones adjudicadas a contratistas, quienes a su vez subarriendan la obra por falta de capacidades técnicas, encareciendo los servicios y retrasando la ejecución.

Fuente: Milenio 2020