La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos ha generado un análisis financiero importante por parte de Banamex. Este análisis sugiere que la medida podría tener fines estratégicos, buscando presionar al gobierno mexicano para obtener concesiones comerciales y de seguridad.
Según el informe, la decisión del gobierno estadounidense amplía su capacidad de acción contra estos cárteles, permitiendo bloquear la entrada de sus integrantes al territorio estadounidense y estrangular financieramente a estas organizaciones. Sin embargo, también se señala que esta acción entraña riesgos y puede complicar las relaciones bilaterales.
Después del anuncio de la designación, se observó un aumento en la actividad de aeronaves y drones estadounidenses a lo largo de la frontera. Banamex interpretó que la amenaza implícita de esta designación puede ser utilizada como un medio de presión para forzar al gobierno mexicano a realizar concesiones tanto en temas de seguridad como en comercio.
En respuesta, el gobierno mexicano ha tomado medidas para proteger su soberanía, promoviendo reformas constitucionales que penalizan la intervención extranjera no acordada, mientras reafirma su disposición a colaborar en la lucha contra el narcotráfico. La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó que México no tolerará intromisiones en su soberanía.