En Baja California, se han retirado 269 cámaras que no formaban parte de la red oficial de videovigilancia y que supuestamente estaban relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, el gobierno estatal no ha presentado denuncias ni ha llevado a cabo investigaciones sobre estos dispositivos. Esta situación fue expuesta durante la Glosa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC) ante el Congreso del estado, donde el general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, titular de la Secretaría, admitió el hecho ante cuestionamientos de la diputada panista Alejandrina Corral Quintero.
La diputada mencionó que la inversión del gobierno en este equipo ascendió a mil 147 millones de pesos y que no se habían suministrado respuestas sobre los avances en ese gasto. Además, citó que durante la gestión del alcalde Darío Benítez se encontraron cámaras similares en Tecate, y que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también detectaron la misma problemática en Mexicali. Corral Quintero indicó que consultó a la fiscal María Elena Andrade Ramírez sobre el estado de las investigaciones, y esta le respondió que no se había abierto ninguna, dado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la que determina el origen de las cámaras.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Aguilar Durán, afirmó que efectivamente fueron retiradas, pero no se llevó a cabo una investigación posterior sobre su procedencia o posibles vínculos con el crimen organizado.