El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido uno de los episodios más trágicos y controversiales de la historia reciente de México. La revelación de que al menos cuatro sospechosos fueron torturados en las instalaciones de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) en la Ciudad de México añade una nueva capa de gravedad a este caso, sugiriendo que la Marina tuvo un papel mucho más activo y comprometido de lo que se había reconocido anteriormente.
Los hermanos Ríos Sánchez, junto con otros detenidos, fueron sometidos a torturas extremas, incluyendo golpizas, descargas eléctricas y amenazas psicológicas, para obtener declaraciones que indicaban que los normalistas habían sido trasladados a una localidad específica donde se localizaron más fosas. Estas confesiones, forzadas a través de métodos coercitivos, fueron cruciales para la construcción de la llamada "verdad histórica", que ha sido ampliamente desacreditada.
Los informes y las pruebas audiovisuales sugieren que varias instituciones a cargo de la justicia y la seguridad, como la Semar, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR), actuaron de manera conjunta durante la investigación, pero la responsabilidad de la Marina ha sido históricamente minimizada. Esto ha llevado a una falta de rendición de cuentas, donde hasta ahora apenas se ha procesado a un elemento de la Semar por este caso.
A medida que se cumplen diez años de la desaparición de los normalistas, la urgencia de esclarecer lo ocurrido y de encontrar justicia para las víctimas y sus familias se vuelve más apremiante. Las nuevas evidencias no solo desafían la narrativa oficial, sino que también subrayan la necesidad de una investigación exhaustiva que incluya a todos los actores involucrados, especialmente aquellos que han estado en posiciones de poder y responsabilidad en el caso.