La situación entre México y Estados Unidos en relación con el sobrevuelo de un avión militar estadounidense que transportaba deportados ha generado controversia. Un portavoz de la Patrulla Fronteriza afirmó que el gobierno mexicano impidió que el avión, que transportaba alrededor de 80 deportados guatemaltecos, sobrevolara su espacio aéreo. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) de México desmintió esta afirmación, aclarando que ninguna autoridad estadounidense había solicitado autorización para un sobrevuelo en territorio mexicano.
Segob enfatizó que mantiene una comunicación constante con las autoridades de Estados Unidos y que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha recibido solicitudes en este sentido. Esta respuesta se produce en un contexto en el que la administración anterior de EE.UU., bajo Donald Trump, utilizaba aviones militares para las deportaciones, lo que contrasta con las prácticas anteriores de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que prefería utilizar vuelos chárter y comerciales.
La discrepancia entre las versiones de ambos gobiernos resalta las tensiones y las complicaciones en la colaboración sobre temas migratorios, especialmente en un momento en que se observan cambios en las políticas de deportación. A bordo del vuelo que se vio afectado se encontraban deportados, incluidos menores, lo que añade una capa de sensibilidad a la situación.