El artículo relata la aprobación de un dictamen por parte de las comisiones unidas de Energía, Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos en el Senado de México, que reforma la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Esta reforma busca simplificar la carga fiscal en la exploración y extracción de petróleo y gas mediante la creación de un nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar, que establece una tasa impositiva del 30% sobre el petróleo. Además, se exime a Pemex del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) debido a su conversión en Empresa Pública del Estado, al mismo tiempo que se imponen obligaciones fiscales a los participantes en asignaciones para el Desarrollo Mixto.
Durante la discusión, varios senadores de oposición expresaron su desacuerdo con la reforma, argumentando que no ayudará a rescatar a Pemex y que fue elaborada de manera apresurada sin un análisis financiero sólido. La senadora Cristina Ruiz del PRI destacó la falta de sustento financiero en la reforma, preguntándose sobre las implicaciones de la reducción en la carga fiscal de Pemex y qué se hará con el dinero que podría ahorrarse. El senador panista Agustín Dorantes también subrayó la crítica situación financiera de Pemex, sugiriendo que la reforma no llevará al rescate esperado de la empresa.