El debate sobre las reformas al Poder Judicial en México ha generado una notable controversia en la primera sesión ordinaria de la LXVI legislatura del Congreso de la Unión. La iniciativa presentada busca introducir la elección popular de ministros, magistrados y jueces, un cambio significativo que ha sido defendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, lideró la discusión, donde se dio a conocer el dictamen correspondiente. Sin embargo, la oposición se expresó en contra de esta iniciativa, señalando que la manera en que se ha llevado a cabo es apresurada e incluso apunta a violaciones legales, dado que existen dos suspensiones judiciales que impiden avanzar en este proceso.
Pablo Vázquez, diputado de Movimiento Ciudadano, describió la situación como "precipitada, irresponsable y antirrepublicana", argumentando que la legislatura debería tomarse el tiempo necesario para legislar de manera consciente y deliberativa, en vez de apresurarse a discutir un tema tan grave en su primer día de actividades.
De manera similar, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, continuó con la línea crítica al subrayar la incompatibilidad entre la publicidad del dictamen y las suspensiones judiciales existentes. Esta situación llevó a su partido a abandonar el recinto en protesta, evidenciando el profundo desacuerdo sobre la dirección que está tomando la legislación en relación con el Poder Judicial.
Este choque entre legisladores refleja tensiones inherentes al proceso político mexicano, donde las reformas en áreas críticas como la justicia provocan debates acalorados y divisiones significativas entre los diferentes grupos parlamentarios. La continuación de este tema podrá tener importantes repercusiones en el funcionamiento del sistema judicial en el país.