La iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión busca realizar una reforma a la Ley General de Derechos, con el objetivo de asignar más fondos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al proyecto del Tren Maya a través de los ingresos generados por la emisión de pasaportes para extranjeros.
En la propuesta, se plantea que los recursos obtenidos por la expedición de pasaportes extranjeros sean canalizados a un fideicomiso administrado por la Sedena. Este fideicomiso se destinaría a financiar diversas actividades y necesidades de las empresas estatales relacionadas con la Sedena, incluyendo el Tren Maya.
La modificación del artículo 18-A de la Ley General de Derechos tiene como fin alinearse con el compromiso de la administración actual de llevar a cabo políticas públicas y proyectos que se ajusten a un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Además, se incluye un régimen transitorio que obligaría a modificar el fideicomiso para asegurar que los ingresos se utilicen de acuerdo con lo establecido en la ley.
Esta propuesta se enmarca en el contexto de los últimos días del gobierno de López Obrador y forma parte de su enfoque en fortalecer el papel de la Sedena en proyectos de infraestructura y desarrollo en el país.