AMLO ha enviado al Senado una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que regulan sanciones a los jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo o corrupción; estas van desde amonestación privada, suspensión o destitución de su empleo y sanción económica.
A demás incluye modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Federal de Defensoría Pública, a la Ley de Amparo y al Código Federal de Procedimientos Civiles.
Menciona que en caso de que la autoridad determine la inhabilitación, esta será de uno hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede los $17,920 pesos

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y de 10 a 20 años si el monto es mayor a esta cantidad.
En el caso de que la falta administrativa grave cometida por el servidor público le genera beneficios económicos, se le impondrá una sanción económica que alcanzará hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, y enfatiza que en ningún de los casos, la sanción que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios obtenidos.
Si se han provocados daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, el servidor público deberá reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que hayan obtenido un beneficios, serán “solidariamente” responsables.
Los nombramientos cruzados, son sancionados como responsabilidad administrativa estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
Dentro de la propuesta de AMLO se incluyen sanciones a personas y empresas que se hubiera beneficiados con los actos de corrupción de integrantes del Poder Judicial.
Para las empresas establece sanciones que podrán alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, e inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de tres meses a 10 años.
Especifica que el objetivo de la propuesta es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN se enfoque a sus funciones constitucionales, pues “es menester que ya no conozca de controversias o trámites que involucren una mera cuestión de legalidad”.

Con información de Forbes