El Instituto Nacional de Migración (INM) de México ha sido objeto de críticas tras su decisión de nombrar a Jorge Alejandro Palau Hernández como titular de la Oficina de Representación en Baja California, a pesar de sus antecedentes de violencia contra migrantes. Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la Coalición Pro Defensa del Migrante y el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, han expresado su preocupación por esta designación, señalando que podría carecer de la transparencia necesaria y no haber sido notificada oficialmente.
Es importante destacar que este nombramiento se produce tras un intento previo de asignar a Palau a la Oficina de Representación en Ciudad Juárez, el cual fue cancelado después de que se hiciera pública una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su contra. Esta recomendación se originó por un incidente en diciembre de 2021, donde Palau fue denunciado por agredir físicamente a migrantes que formaban parte de una caravana.
Las organizaciones han manifestado que la inclusión de personas con antecedentes de violaciones a los derechos humanos en cargos relevantes en el INM podría representar un retroceso en los esfuerzos por implementar políticas migratorias más humanas y respetuosas de los derechos fundamentales de los migrantes.