La situación en la frontera entre México y Guatemala, especialmente en Chiapas, ha escalado a niveles alarmantes debido a la violencia entre bandas del crimen organizado. Desde el 14 de julio, se han registrado enfrentamientos en al menos 14 municipios de la región Sierra y Fronteriza, lo que ha puesto a la población local en "riesgo inminente". Organizaciones de derechos humanos han denunciado que se están realizando reclutamientos forzados de civiles en localidades como Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde también se han reportado ejecuciones de personas que habían sido reclutadas por la fuerza.
A la par de estos acontecimientos, se han documentado al menos 26 bloqueos en carreteras y caminos rurales, llevados a cabo por grupos criminales que utilizan vehículos blindados y se están involucrando activamente con la comunidad, obligando a los pobladores a participar en estos bloqueos. Muchos habitantes han tenido que abandonar sus hogares para escapar del conflicto y se han dispersado para evitar ser atrapados en el fuego cruzado.
Las organizaciones que han emitido alertas sobre esta situación incluyen la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, así como otros grupos como Serapaz y Frayba. Han subrayado que desde mediados de julio ha habido un aumento notable en las hostilidades entre las bandas del crimen organizado, que luchan por el control de esta zona fronteriza estratégicamente importante. Además, se ha reportado el uso de drones por parte de estos grupos, que están siendo utilizados para lanzar granadas en ataques. La situación se presenta como un grave desafío no solo a la seguridad local, sino también a la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas.