El informe de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ha puesto de relieve situaciones graves en la gestión de los presidentes municipales al final de su mandato, destacando especialmente el caso de Singuilucan. Los ediles dejaron sus cargos sin reconocer adeudos significativos durante el proceso de Entrega-recepción y omitieron dejar recursos para cubrir estos pasivos, lo que ha provocado un desbalance presupuestal que afectará las finanzas municipales.
Las irregularidades no solo incluyen la falta de pago de impuestos retenidos a los trabajadores, sino también la entrega de obras realizadas con materiales de calidad inferior a la contratada y la existencia de cargos duplicados en la infraestructura. Esto indica un manejo ineficiente y poco transparente de los recursos públicos.
El caso específico de Singuilucan es particularmente alarmante, con la cifra total de observaciones ascendiendo a 45 millones 810 mil 523.22 pesos. Las auditorías revelan la existencia de 17 millones 701 mil 960.12 pesos en laudos pendientes de pago, sin que se hayan dejado recursos para su atención. Además, el gobierno saliente no informó a la autoridad sobre el pago de impuestos retenidos, ni dejó los fondos necesarios para saldar estas deudas.
Las responsabilidades recaen principalmente en el ex edil Marcos Miguel Taboada Vargas, cuyo gobierno debe justificar también incumplimientos en el pago de impuestos sobre nóminas que suman más de 6 millones de pesos desde 2017 hasta 2023, lo que resalta una falta de responsabilidad fiscal y transparencia en la administración pública local. La situación es un llamado de atención sobre la necesidad de una mayor rendición de cuentas y controles estrictos en la gestión de recursos en los gobiernos municipales.