El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), en colaboración con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ha solicitado a las autoridades nacionales la emisión de una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado, en respuesta a las modificaciones al código penal que restringen el acceso al aborto. En un oficio entregado el 23 de octubre, se señala que el Congreso local y la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel son las autoridades responsables.
Las reformas, aprobadas por la mayoría panista en agosto, reducen el plazo para acceder a un aborto seguro de 12 a 6 semanas y aumentan las sanciones para el personal médico que realice este procedimiento, lo que es visto por las organizaciones civiles como un grave retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres y un paso hacia su criminalización.
El OVSGA y el OCNF buscan revertir estos cambios y proponen incluir más causales para la exclusión de responsabilidad penal en casos de aborto. Destacan la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud adecuados y la aplicación correcta de normativas relacionadas con el aborto como derecho de las víctimas de violencia sexual.
María de la Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF, recordó que la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia permite la declaración de Alerta de Género en contextos de violencia feminicida o por agravio comparado que violen los derechos humanos de las mujeres. Actualmente, de las 26 entidades con Alerta de Género en México, al menos cuatro se han declarado por razones de agravio comparado.