El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), en colaboración con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ha solicitado oficialmente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la emisión de una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Aguascalientes. Esto se debe a las reformas antiaborto que fueron aprobadas en agosto, las cuales consideran un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres y las ponen en riesgo de criminalización.
El oficio fue entregado el 23 de octubre y señala al Congreso local y a la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel como las autoridades responsables. Entre las demandas principales se encuentra la reversión de los cambios legislativos que reducen el acceso al aborto seguro de 12 a 6 semanas y el endurecimiento de las sanciones para profesionales de la salud que realicen abortos.
Además, se propone la inclusión de causales de exclusión de responsabilidad penal en situaciones como riesgo para la salud de la mujer, inseminación artificial no consentida, peligro de muerte, y otras, manteniendo las de violación, estupro y alteraciones graves del producto.
La directora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, explicó que la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia establece que una Alerta de Género puede ser emitida por contextos de violencia feminicida o por agravio comparado, tal como en este caso, donde los cambios legales limitan los derechos humanos de las mujeres. Actualmente, en México hay 26 entidades con Declaratoria de Alerta de Género, y al menos cuatro de ellas han sido emitidas por agravio comparado.