El cierre de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje 33 de Puebla, anunciado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), ha generado una gran preocupación entre trabajadores y abogados laboristas. La medida podría resultar en el abandono de más de 10 mil expedientes sin resolver, lo cual beneficiaría a la parte patronal, compuesta por entidades del gobierno federal y grandes corporaciones como Audi y Volkswagen.
La situación ha motivado protestas, como la que se realizó el viernes pasado frente a las oficinas de la STyPS en la Ciudad de México. Los manifestantes sostienen que el traslado de los juicios a otras entidades, como Oaxaca y Tlaxcala, contradice el lema "primero los pobres" del actual gobierno, afectando especialmente a trabajadores de la tercera edad con limitaciones económicas y físicas, quienes en muchos casos no tendrán la capacidad de viajar para continuar sus casos.
Ejemplos de esta problemática son Juan Pérez Vega, quien desde 2017 lucha por una pensión por invalidez tras perder la visión en uno de sus ojos, y Deisy González, con una demanda laboral por una pensión derivada de un riesgo de trabajo, a pesar de enfrentar graves problemas de salud. Ambos manifestaron que el traslado de sus expedientes complicaría severamente la posibilidad de obtener sus derechos laborales, pues el viaje representa una carga económica y física casi insostenible.
Desde hace 83 días, estos trabajadores y sus abogados están acampando frente a las oficinas de la Junta Especial 33 en Puebla en un intento por detener el traslado de los expedientes y asegurar que sus casos sean atendidos localmente.